Comenzó la Corte Suprema a definir el caso Farmacity, el competidor menos deseado de las cadenas locales.

La Corte Suprema de Justicia realizó ayer la primera de las dos audiencias públicas a las que convocó antes de pronunciarse sobre la causa que inició la empresa Farmacity, que busca declarar inconstitucional un artículo de la ley que le restringe operar en la provincia ya que prohibe que el rubro sea explotado por sociedades comerciales anónimas.

El tema generó un fuerte lobby empresario y político. Farmacity no es la única cadena en el país, pero sí la más grande. Y además tiene el terreno allanado en distritos como Morón o Hurlingham, donde ya funcionan los Simplicity. Su incursión pondría a competir a la cadena Central Oeste, que logró pasar por sobre la ley con apoyo político.

La regulacón bonaernse prohíbe a los farmacéuticos ser socios de más de tres negocios. Central Oeste tiene 20 casas y una persona en común: es el mismo dueño de Central Shopp, una SA con la que comparte directorio y establecimientos en Morón. El Colegio farmacéutico boga a favor de la Central y de los laboratorios, en la pelea con el Gobierno.

Ayer, ante la Corte, expusieron 15 amicus curiae (amigos del tribunal), personas físicas y representantes de entidades que hablaron a favor y en contra de la medida solicitada por la compañía fundada hace años por el ex secretario de Coordinación Interministerial Mario Quintana.

Los oradores que defendieron la demanda que presentó la cadena comercial señalaron que la Ley Provincial 10.606, que prohíbe que las farmacias estén en manos de sociedades anónimas, “genera un virtual monopolio a favor de los locales ya establecidos” en ese distrito y “perjudica la competencia”.

Por su parte, quienes expusieron en contra de la firma, entre ellos el ex ministro de Salud Ginés González García, opinaron que Farmacity actúa “como si vender medicamentos fuera igual que vender electrodomésticos” y que las normas sobre la comercialización de remedios “debe corresponder a la regulación local” y no a la nacional.

La audiencia estuvo presidida por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, ya que los ministros Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti se excusaron de intervenir por tener una relación previa con la compañía.

“Una cosa es que el Estado regule con celo la distribución de los medicamentos, cosa que está bien que haga, y otra es que resguarde a un sector en desmedro de la competencia”, sostuvo Lucas Sebastián Grosman, doctor en Ciencias Legales de la Universidad de Yale y una de las personas que contrató Farmacity para que defienda su caso ante la Corte.

Por el contrario, el constitucionalista Alberto Bianchi consideró que uno de los peligros de la llegada de la empresa al Conurbano es que los farmacéuticos “son considerados simples empleados”, por lo que “pueden ser despedidos si sus criterios en la venta e medicamentos o de un determinado laboratorio no concuerdan con los de las autoridades del local”.

“Para mí es algo central que se tome en serio el uso de los remedios, y las góndolas con golosinas, galletitas y otras cosas le quita seriedad al asunto”, agregó a su turno González García.

El ex funcionario, que a lo largo de su carrera estuvo a cargo de los Ministerio de Salud provincial y nacional, resaltó que “el mal uso de estas sustancias puede causar daños serios”.

Fermín Víctor Carricarte fue el representante de la Asociación de Empleados de Farmacia (ADEF), el único sindicato que se presentó a favor de Farmacity, y destacó que el desembarco de la firma en territorio bonaerense puede “acrecentar la cantidad de trabajo para el sector”.

Fuente: https://unmedioenmoron.com.ar/