La concejal de Juntos expresó su malestar por la suspensión de la sesión del Concejo Deliberante y cuestionó la decisión de tratar temas sensibles junto al homenaje a los veteranos de Malvinas.

“Si la sesión se hubiera abierto, se podría haber solicitado un cuarto intermedio. Pero eso no sucedió”, dijo en referencia a la decisión de Caraballo de suspender la jornada.

La concejal Graciela Neira, presidenta del bloque Juntos en el Honorable Concejo Deliberante, fue entrevistada en el ciclo radial Grassi.com, que se emite por Estación Radio. Allí brindó su mirada sobre lo ocurrido durante la fallida sesión del Concejo que fue suspendida antes de comenzar, generando polémica tanto dentro como fuera del recinto.

“La sesión ni siquiera se inició. Fue una decisión unilateral del presidente”, expresó Neira, en relación a la suspensión decretada por el titular del HCD, Daniel Caraballo. Según explicó, el motivo no fue el ruido exterior ni la imposibilidad de dialogar dentro del recinto, sino las condiciones generales que rodeaban la convocatoria.

“El presidente del Concejo es quien tiene que dar garantías de funcionamiento. No teníamos taquígrafo, había personal de la empresa circulando como si fueran concejales, empleados municipales sentados en la barra, y personas sin identificación policial impidiendo el ingreso de vecinos”, detalló Neira. También remarcó que los veteranos de Malvinas y sus familias fueron víctimas colaterales del caos: “Pasaron un momento horrible. Estuvieron esperando una hora y media. Se sintieron mal y se querían ir”.

Consultada sobre si desde la oposición se podría haber hecho algo más para evitar que la sesión no siguiera adelante, Neira indicó que no había margen de acción porque la sesión nunca fue iniciada formalmente. “Si la sesión se hubiera abierto, se podría haber solicitado un cuarto intermedio, y en ese espacio evaluar su continuidad. Pero eso no sucedió”.

También aclaró que la comunicación oficial del presidente contenía un error, al indicar que la próxima sesión sería en mayo: “Según nuestro reglamento interno, las sesiones son el primer y tercer lunes de cada mes, salvo feriados. La próxima sesión es el lunes 21 de abril, no en mayo”.

SOBRE EL TRASFONDO POLÍTICO

Neira fue crítica con la decisión del Ejecutivo local de incluir en la misma sesión el tratamiento del dictamen para declarar ciudadanos ilustres a los veteranos de Malvinas junto con el punto sobre el cambio de uso de suelo para la instalación de una empresa cuestionada por su posible impacto ambiental.

“Nosotros les dijimos desde el principio que no era apropiado tratar ambos temas juntos. ¿Cómo se va a generar un espacio de homenaje si sabés que después vas a tratar un tema conflictivo donde habrá vecinos manifestándose? Me pareció una barbaridad”, apuntó.

Desde su óptica, la sesión no se suspendió por el comportamiento de los vecinos, sino que se utilizó ese argumento para culparlos: “Los vecinos solo se manifestaron, como corresponde en un espacio público. En otras gestiones hubo manifestaciones más intensas, y nunca se frenó una sesión por eso”.

Sobre un hecho puntual que involucró al concejal Marcos Erregue, Neira minimizó lo sucedido: “Fue increpado porque algunos vecinos no lo conocían y pensaban que era uno de los que iba a votar a favor. Pero no hubo contacto físico ni situaciones de violencia”.

El bloque de concejales de Juntos votaría por la negativa.

NECESITAMOS SABER QUÉ QUIEREN LOS VECINOS

Respecto al proyecto para modificar el uso del suelo para permitir la instalación de una empresa en la zona rural de Brandsen, Neira fue contundente: “Acá la pregunta central es: ¿los vecinos quieren seguir teniendo 250 hectáreas de uso rural, o prefieren una zona industrial con una empresa considerada potencialmente peligrosa? Eso solo se puede saber mediante una audiencia pública, y la seguimos reclamando”.

Neira subrayó que no cuentan con un informe técnico firmado por especialistas, pero que sí han consultado a referentes del área ambiental que les manifestaron preocupación, especialmente por el impacto en el agua. “No actuamos por impulso ni por oposición política. Tenemos elementos suficientes como para desconfiar del proceso, pero además hay muchas falencias en el expediente”.

“No podemos tomar una decisión tan determinante sin una audiencia pública. Necesitamos saber qué quieren los vecinos”, agregó.

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