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La iniciativa fue presentada por la senadora de La Libertad Avanza, Florencia Retamoso. El objetivo es garantizar los días de clases ante conflictos gremiales.
En medio de un escenario educativo cada vez más atravesado por paros y conflictos gremiales, volvió a instalarse en la Legislatura bonaerense un debate que ya tuvo antecedentes en el Congreso nacional: declarar la educación como un servicio esencial.
La impulsora de esta iniciativa es la senadora de La Libertad Avanza (LLA), Florencia Retamoso, quien presentó en las últimas horas un proyecto de ley para asegurar la continuidad de las clases en todo el territorio bonaerense, incluso en contexto de medidas de fuerza.
En los fundamentos del proyecto, Retamoso remarcó: “La educación es un derecho fundamental reconocido por la Constitución Nacional y diversos tratados internacionales. Es imprescindible garantizar el acceso a una educación de calidad para todos los niños, niñas y adolescentes, sin importar su origen socioeconómico o lugar de residencia”.
La propuesta plantea declarar a la educación pública, en todos sus niveles y modalidades, como un servicio estratégico esencial de interés público. Esto implicaría que el Estado provincial tenga la obligación de garantizar el cumplimiento efectivo del calendario escolar obligatorio, incluso ante situaciones de protesta o conflictos laborales.
Según el texto presentado, el objetivo es promover la resolución pacífica de los conflictos entre gremios docentes y autoridades educativas, sin afectar el normal desarrollo de las clases. Además, establece la necesidad de una comunicación constante y de buena fe entre las partes involucradas.
MECANISMOS DE MEDIACIÓN Y SANCIONES PREVISTAS
En el caso de que no se logre llegar a un acuerdo en tiempo y forma, el proyecto prevé el uso de mecanismos de conciliación y mediación, como los que ya contempla la legislación laboral. El objetivo es garantizar soluciones ágiles que eviten la interrupción del servicio educativo.
A su vez, se incluyen posibles sanciones para aquellas personas o entidades que, de forma deliberada, obstaculicen el derecho a la educación. Estas podrían ser multas económicas u otras medidas disciplinarias contempladas en la normativa vigente.
“La suspensión de las clases, aún en virtud de legítimos reclamos de los docentes, en sí misma es una vulneración al mismo derecho que el reclamo dice custodiar”, argumenta Retamoso en el cierre del proyecto.
ANTECEDENTES
La discusión sobre la declaración de la educación como servicio esencial no es nueva. En junio pasado, la comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación había emitido dictamen favorable a un proyecto similar impulsado por legisladores del PRO.
“Si esto se convierte en ley, significa que en caso de que haya una huelga docente la escuela debe estar abierta. Durante los dos primeros días de protesta, tiene que haber una guardia mínima de directivos (docentes y no docentes) del 30% y, a partir del tercer día, se eleva al 50%, se deben dar clases en días y horarios habituales”, explicó Alejandro Finocchiaro en ese entonces.
Fuente: GLP
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