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El bloque de La Libertad Avanza solicitó un informe detallado sobre los contratos de alquiler de las sedes municipales para evaluar la gestión de los recursos públicos.
La Libertad Avanza preguntó por los contratos de alquiler que tiene vigente la Comuna. La última oficina que se trasladó a dependencias externas al palacio municipal fue Ingresos Públicos, a un local ubicado en Ituzaingó entre Rivadavia y Paso, pero, antes, también se alquiló un edificio para la secretaría de Desarrollo Social, en Pueyrredón 578; sumado a las propiedades que vienen con contratos anteriores, como la secretaría de Obras y Servicios Públicos en boulevard Mitre, entre otras.
BOLETÍN OFICIAL
El proyecto de comunicación, solicitando al D.E. un informe detallado sobre los contratos se trató sobre tablas, aprobándose por unanimidad. Hicieron uso de la palabra los ediles Jonathan Roldán (LLA) y Sergio González (Unión por la Patria), consignando que el detalle de los alquileres municipales está publicado en el Boletín Oficial.
¿CUÁNTO SE GASTA?
Roldán pidió que se cumpla la Ley 27.275, de acceso a la información pública, “ante la necesidad de transparentar la información relacionada con la gestión de las sedes municipales”. Y recordó la obligación de los funcionarios públicos de rendir cuentas sobre los recursos.
Seguidamente, agregó que “la transparencia y rendición de cuentas son fundamentales para garantizar la confianza de la ciudadanía en la gestión pública”. Y que la información solicitada es necesaria para evaluar la eficiencia y eficacia en la gestión de los recursos; siendo un deber del Estado garantizar el acceso a la información y promover la participación ciudadana.
INFORME DETALLADO
Solicitó a la Intendencia un informe detallado sobre: “contratos de alquiler de las sedes de las secretarías y otros espacios municipales incluyendo, el número de contrato, la fecha de inicio y vencimiento, el monto mensual de alquiler y el propietario del inmueble. Los pagos realizados por la Municipalidad por concepto de alquiler durante los últimos 10 meses, y los contratos vigentes”. El libertario emplazó al Ejecutivo a obtener una respuesta dentro de los 30 días de la presentación.
Por Guillermo E. González
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