Un abogado señaló que le puso todo tipo de obstáculos para acceder a una causa y luego que le acepten el cargo de defensor.
Un pedido de juicio político recayó sobre una fiscal del Departamento Judicial de La Plata a quien señalan de obstaculizar, entorpecer y complicar el acceso de un abogado a una causa penal para ejercer la defensa de un acusado privado de su libertad, según se desprende de la denuncia presentada ante la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados donde comenzará su análisis.
El abogado Damián Barbosa denunció a la fiscal Mariana Yanina Albisu, titular de la Fiscalía Descentralizada de la localidad vecina de Brandsen, que integra el departamento judicial con cabecera en la capital de la provincia de Buenos Aires.
Según se detalla en la denuncia, el 6 de marzo de 2023 el letrado solicitó a la Fiscalía Descentralizada de Brandsen consultar una causa mediante el Sistema Informático del Ministerio Público (SIMP) por el término de 24 horas.
Al día siguiente, desde la fiscalía señalaron que el profesional debía “indicar en el escrito el nombre y apellido de la parte por la cual solicita el acceso”. En esa misma jornada, el abogado cumplió con el requisito. Más tarde, desde la repartición pública le notificaron nuevos requisitos para acceder al expediente digital. En rigor, le requirieron “un escrito, con firma ológrafa del imputado, donde conste su autorización para la compulsa del proceso en SIMP”, requisito que según el denunciante no está dentro del marco legal.
Ya el 10 de marzo, presentó los nuevos requisitos solicitados y reiteró el pedido de acceso digital a la causa. “Esta presentación no tuvo respuesta alguna”, por lo que el acusado “tuvo que avanzar en mi designación como abogado defensor, sin que pudiera tomar vista previa de la IPP en cuestión. El 13 de marzo presenté a la Fiscalía Descentralizada de Brandsen mi aceptación de cargo de abogado defensor (…), adjuntando escrito de designación firmado por el imputado”, recreó Barbosa en su escrito.
“Ante la falta de despacho de esta presentación, desde mi estudio jurídico nos comunicamos telefónicamente con la Fiscalía de Brandsen, y para nuestra sorpresa nos transmitieron que no podían constatar la autenticidad de la firma ológrafa” del acusado “por lo que consideraban conveniente que esta defensa acepte el cargo ante el Juzgado de Garantías interviniente”.
Con este estadio de situación el defensor se presentó ante el Juzgado de Garantías 2 de La Plata y el 17 de marzo resolvió lo siguiente: “…siendo el órgano actuante en esta etapa de instrucción el Ministerio Público Fiscal tramitando la presente I.P.P por ante la U.F.I Descentralizada de Brandsen, la aceptación de cargo de la defensa deberá ser dirigida a tal sede, dejando constancia que la compulsa de un proceso penal en el que tome intervención el profesional, se hará efectiva en forma automática a partir que la mentada unidad fiscal de instrucción emita en el sistema el correspondiente ‘acta de aceptación de cargo’».
Ya el 20 de marzo de 2023, dos semanas después del primero de los intentos de acceso al expediente, Barbosa realizó una presentación ante la Fiscalía General de La Plata, solicitando que se arbitren los medios para poder aceptar el cargo de abogado defensor, “para que de ese modo se pueda garantizar la efectiva defensa en juicio del imputado”. La resolución de la Fiscalía General “básicamente se limitó a solicitarle a la fiscal Albisu que resuelva lo peticionado por el abogado en un sentido u otro”, se quejó el profesional.
“Está más que claro que la fiscal de Brandsen violentó el derecho de defensa en juicio, la dignidad en el ejercicio profesional y no observó” el marco legal vigente que detalló en su escrito.
Fuente: 0221
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