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Adherir a la Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para la Vida, como a la Campaña por Agua Limpia en las Escuelas, se justifica porque…
El agua es vida. Los seres vivos dependemos de ella. Es esencial para el desarrollo de las distintas formas de vida. El agua es un bien común y, como tal, el acceso a ella es un derecho fundamental de los pueblos, el que debe ser garantizado para satisfacer cada una de las necesidades vitales. Así mismo, es un bien social y cultural que debe ser cuidado, preservado, avanzando hacia una conciencia colectiva, primordial en la defensa de los territorios, de la salud, de la calidad de vida y de la biodiversidad de los ecosistemas.
Las fuentes de agua, su calidad, su acceso y nuestra soberanía hídrica no deben ser motivo de disputa por los procesos de endeudamiento público o por los tratados de libre comercio. Las acciones actuales y todas las luchas sostenidas a lo largo de tantos años por grupos, colectivos y organizaciones socioambientales que defienden sus territorios y el ambiente, colocan al agua como un derecho de la propia naturaleza, eje vertebrador de todas las actividades humanas y como elemento esencial para el buen desarrollo de las comunidades y los ecosistemas. Estos principios son los fundamentos básicos de ambas campañas.
Como habitantes, también en nuestra vida cotidiana podemos realizar muchas acciones para cuidar el agua, no derrocharla ni contaminarla. Lo mismo cuenta para los demás bienes comunes.
No obstante, la crisis hídrica, la escasez del agua, su contaminación, como la emergencia climática en general, son abordadas como causa de sequías, inundaciones y otros desastres naturales sin preguntarse sobre las verdaderas causas del cambio climático, lo que nos lleva necesariamente al cuestionamiento del modelo productivo actual.
También es bastante común leer y escuchar que la crisis climática es “responsabilidad humana” sin poner en discusión las relaciones sociales (género, clase, políticas, etc.) que la han posibilitado y, por lo tanto, sin determinar quiénes son los verdaderos responsables. En el año 2000 el científico holandés Paul Crutzen acuñó el término ANTROPOCENO, definiendo una nueva Era Geológica caracterizada por el impacto notorio de la humanidad sobre el planeta.
En 2016 Jason Moore en su investigación “Antropoceno o Capitaloceno” expresa que no sólo la degradación ambiental se debe considerar como un proceso geológico, sino también histórico. Esto lleva a comprender la relación entre poder, naturaleza y acumulación capitalista, marcando desigualdades sociales, apropiándose de territorios y naturaleza.
Los debates sobre estas posturas deben ser una oportunidad política para repensar la relación de los humanos con la naturaleza, permitiendo proponer reconfiguraciones territoriales, ambientales y culturales que conlleven a propuestas alternativas al extractivismo, para generar un verdadero y profundo cambio en esa necesaria relación, articulando diversas estrategias que integren la justicia social con la justicia ambiental, rescatando saberes del llamado BUEN VIVIR que tanto tienen para decir y mostrar los pueblos originarios y pueblos campesinos.
Las distintas formas extractivas de producir, que conforman el sistema productivo actual fundado en la acumulación de capital y ganancias, en la estructura del consumismo, despilfarro y daño a la naturaleza, destruyéndola y contaminándola, no sólo explica los problemas ambientales actuales, sino también el desplazamiento de las poblaciones, la pobreza, el deterioro de la calidad de la salud y de vida en general de las comunidades y de los diversos ecosistemas. Más que un concepto ambiental, el extractivismo es un concepto político.
Es urgente la puesta en debate de este modelo, observar y estudiar otras alternativas, poner en la mesa de discusión a todos los actores, que se escuchen todas las voces, que se valoren las luchas socioambientales que se dan en cada territorio a lo largo y ancho de nuestro país, con la necesidad de que se busque una verdadera transición hacia un modelo sostenible.
Conocemos un sinnúmero de problemáticas ambientales, a las que se suelen llamar “conflictos ambientales”, pero que en la mayoría de los casos son vulneración de los derechos de las comunidades. ¿Y cuáles son ellas? La lista es extensísima, pero sólo por nombrar algunas expreso: el problema de las escuelas fumigadas y pueblos fumigados, la deforestación para extender la frontera agropecuaria y los negocios inmobiliarios, la megaminería.
Hay alternativas que, por nombrar algunas, se pueden mencionar, con la necesidad de alcanzar un modelo de transición y de concientización e información: el uso de energías limpias, la agroecología como forma de producir alimentos sanos, el pedido por una ley de humedales. Así mismo se pueden nombrar: la defensa del Río Paraná, una ley de semillas justa, la Ley de acceso a la tierra, la Ley de Promoción de la Agroecología.
Estas y otras luchas y resistencias son destacadas al poner en el centro del pensamiento a la naturaleza, como sujeto de derechos y al cuidado de los bienes que son de todos los seres vivos. La defensa del Abya Yala.
También son destacados y alentadores algunos hechos recientes que animan a pensar que cambiar es posible… El acuerdo de Escazú, la Ley Yolanda, la prohibición de instalación de salmoneras en Tierra del Fuego, la Ley Nacional de Educación Ambiental Integral.
Debemos bregar para continuar impulsando otras normativas que son imprescindibles para que los gobiernos pongan en relieve políticas públicas con el eje en lo ambiental desde una perspectiva plural y diversa, en una verdadera lucha contra la pobreza y la desigualdad, considerando esta pregunta: ¿El agua y los demás bienes comunes para quiénes y para qué? ¿Para beneficio de unos pocos o para todo el pueblo?
No se debe aceptar que el agua y los ecosistemas sean sacrificados para acuñar capital y ganancias. El agua y los demás bienes naturales son de los territorios y los pueblos. Hay en las luchas ambientales una valorada y creciente participación de jóvenes, como de un lugar destacado al Ecofeminismo, como movimiento que sostiene el objetivo de la justicia para las mujeres.
Es necesario avanzar hacia la justicia ambiental, con el desafío de promover y apoyar cambios estructurales, recuperando el protagonismo como pueblo, caminar hacia las transiciones necesarias, defender el agua, defender la vida, defender la justicia, la igualdad y la libertad.
Araceli Sívori
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