Fuente: REALPOLITIK
El decreto 93/2018 firmado por el presidente Mauricio Macri fue, a la vez, un gesto de austeridad y una forma contundente de retomar un protagonismo que, luego de varios días en Villa la Angostura, la figura presidencial comenzaba a perder. A través del mismo, dispuso que «no podrán efectuarse designaciones de personas en todo el Sector Público Nacional que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado con el Presidente y vicepresidente de la Nación, jefe de Gabinete de ministros, ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de ministro».
A excepción de un grupo reducido que conocía la medida de antemano, el decreto tomó por sorpresa a todos los funcionarios de la estructura nacional. Es que, luego de más de doscientos años de historia, el nepotismo se había convertido en poco menos que una práctica adquirida en los usos y costumbres de la política argentina.
Aunque aún quedan familiares recluidos en oficinas del Estado esperando a no ser descubiertos y que, simplemente, “pase la tormenta”, la enorme mayoría presentó su renuncia. Apenas horas después de la decisión del presidente, se supo que Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y María Eugenia Vidal, gobernadora bonaerense, habían decidido continuar en la misma línea.
El anunció volvió a crear caos, ahora en casa de Gobierno, pero también en la enorme mayoría de los municipios de la provincia. Casi todos ellos están infestados de parientes: hermanos, hermanas, primos y primas, padres, hijos y tíos, nada escapa a la mano del nepotismo municipal.
En Quilmes, sin ir más lejos, Martiniano Molinaya habría levantado el teléfono para pedir un lugar en algún lado para su hermano Tomás, que oficia de secretario General en el palacio municipal. En San Vicente el problema iba mucho más lejos. Fuentes confiables aseguran que el intendente Mauricio Gómez tendría a más de 20 familiares viviendo del dinero del Estado municipal.
Para alivio de todos ellos, desde la secretaría Legal y Técnica de la provincia de Buenos Aires se habría confirmado que, efectivamente, la gobernadora María Eugenia Vidal continuará con la línea del decreto presidencial, pero sólo para la estructura provincial y los funcionarios que la componen. Por el momento, los intendentes quedarán en “libertad de acción”.
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